Emite CEDH Recomendación 07/2021 a FGJE
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 07/2021 a la Alcaldesa de Guaymas y a la Fiscalía General de Justicia del Estado por incumplimiento de un deber legal y vicios en el procedimiento por parte de policías municipales y un Agente del Ministerio Público.
Al realizar un análisis lógico jurídico de los hechos y después de valorar las evidencias que obran en los autos que integran el expediente, permite a esta CEDH concluir que resulta fundada la violación a los Derechos Humanos en perjuicio de la víctima quien perdiera la vida atropellada sin que los oficiales elaboraran el Informe Policía Homologado ni se detuvieran al responsable, al tiempo de existir omisiones de la autoridad ministerial adscrita a este municipio.
Por lo anterior, esta Comisión solicita a la Fiscal General de Justicia del Estado gire instrucciones al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos con residencia en Guaymas, Sonora, para que a la brevedad posible inicie las actuaciones necesarias para la debida integración de la Carpeta de Investigación, instruya a la autoridad administrativa correspondiente para que ante la evidente inobservancia de lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley Estatal de Responsabilidades para el Estado de Sonora, se inicie procedimiento administrativo y responsabilidad en contra del AMP.
Además que se impartan cursos de capacitación, profesionalización, actualización y de ética profesional dirigidos al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, así como al personal a su cargo, que los lleven a concientizarse de la importancia de las actuaciones emitidas, con pleno respeto a los Derechos Humanos de las víctimas y de los presuntos responsables de la comisión de un delito, a través de una debida integración de la Carpeta de Investigación.
A la Presidenta Municipal se pide instruir para que ante la evidente inobservancia de la ley, se inicie procedimiento administrativo en contra de los elementos adscritos a Seguridad Pública involucrados en los hechos denunciados, además que la totalidad de los elementos reciban capacitación permanente y especializada para el mejor desempeño de sus funciones encomendadas, a fin de lograr servidores públicos con mayor preparación al servicio de la sociedad.